Así lo definió la jueza de Garantías, Carola Bacaluzzo. En 2022 fue condenado a ocho años de cárcel por negociaciones incompatibles con la función pública.
El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, permanecerá en prisión luego de que la jueza de garantías del Poder Judicial de la provincia, Carola Bacaluzzo, rechazara un habeas corpus presentado por su defensa.
El recurso buscaba la liberación del dirigente, quien fue condenado por delitos de corrupción, como peculado y enriquecimiento ilícito. La jueza fundamentó su decisión afirmando que “el habeas corpus no autoriza a sustituir una decisión de los jueces naturales” y señaló que la defensa podría recurrir a otras vías legales, como la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, para impugnar el fallo.
La sentencia condenatoria contra Urribarri incluye también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de una pena de prisión por los delitos que cometió durante su mandato como gobernador. La Cámara de Casación Penal de Paraná había confirmado la condena en diversas instancias y, a partir de ese momento, ordenó su detención preventiva. Urribarri fue trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien también enfrenta la misma pena.
En su defensa, el abogado Leopoldo Cappa había solicitado la liberación inmediata de Urribarri mediante el habeas corpus, pero la jueza Bacaluzzo consideró que “no existe un ataque ilegal que torne procedente la acción de habeas corpus”. En consecuencia, sostuvo que las defensas del exgobernador tienen otras opciones legales para continuar el proceso. “Pueden recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Se puede instar a que los pasos procesales sean expeditivos. Un procedimiento abreviado”, indicó la jueza.
El fallo que condenó a Urribarri está relacionado con diversas irregularidades en la gestión pública, como la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en 2015, la difusión de spots promocionales vinculados a la Cumbre del Mercosur en 2014, y la contratación de publicidad oficial sin cumplir con los requisitos legales. Según los fiscales, estos hechos fueron parte de una estrategia política para posicionar a Urribarri como candidato presidencial. La causa también lo involucra en la cartelización de publicidad en la vía pública.
Por otro lado, el Superior Tribunal de Justicia ya había ratificado la condena de Urribarri en abril de este año, y la orden de detención fue dada tras la confirmación del fallo. La defensa de Urribarri había presentado varias apelaciones, pero la Corte local determinó que la detención era necesaria debido al riesgo de fuga y las maniobras dilatorias que las defensas habrían intentado utilizar para retrasar el proceso judicial.
El caso sigue su curso y ahora podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se definirá el futuro de la condena del exgobernador. Mientras tanto, Urribarri, quien gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y fue una figura prominente del Partido Justicialista, continúa cumpliendo con su sentencia.
